La Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a cargo de la ministra Carmen Argibay, y la Procuración General de la Nación, representada por su procurador general Esteban Righi, firmaron un convenio de cooperación para implementar acciones conjuntas tendientes al correcto abordaje desde la Justicia de los procesos vinculados a la trata de personas con fines de explotación sexual.
El acuerdo tuvo lugar este miércoles, a las 10, en la sala de videoconferencias del Alto Tribunal -Talcahuano 550, cuarto piso-.
La Oficina de la Mujer y la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE) han elaborado material de capacitación para abordar este delito, herramienta que podrá ser utilizada mancomunadamente por ambas instituciones, expresa el acuerdo. El proyecto ha recibido apoyo y financiación de Naciones Unidas.
Cabe recordar que la Unidad de Capacitación de la Oficina de la Mujer puso en marcha en 2010 un novedoso instrumento de concientización en género (en formato papel y soporte audiovisual) para trabajar en talleres de reflexión. El material es utilizado por más de 100 capacitadores/as, integrantes de los superiores tribunales de justicia provinciales, las cámaras federales y nacionales y los tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes están encargados de replicar el modelo en sus respectivas jurisdicciones.
Los protocolos desarrollados para los talleres están destinados a tres sectores diferentes: magistrados, funcionarios y personal administrativo. En este último caso, también se implementó un sistema de capacitación a distancia, desarrollado en colaboración con la Escuela Judicial dependiente del Consejo de la Magistratura de la Nación.
Talleres en simultáneo
En tanto, tribunales de todo el país realizaron este miércoles jornadas de trabajo en talleres para introducir la perspectiva de género en el Poder Judicial, en el marco de una iniciativa de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia la Nación.
Los objetivos de la iniciativa son impulsar un proceso de incorporación de la perspectiva de género tanto en la prestación del servicio de justicia como en el ámbito de las relaciones laborales que su ejercicio involucra.
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